La cultura es la Cenicienta de la institucionalidad pública. Recién en 2006 se creó la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), entidad rectora de las políticas culturales (Ley N.º 3051/2006) y de la ley de Protección del Patrimonio cultural (Ley N.º 5621/2016).
Ambas marcaron hitos al posicionar la dimensión cultural en la agenda estatal. Recordemos que la primera normativa sobre los bienes culturales, la Ley N.º 946/82, fue mal concebida: redujo la categorización como patrimonio histórico exclusivamente a los bienes producidos durante la colonización, los gobiernos del Dr. Francia, Carlos Antonio y Francisco Solano López. Por disposición estatal, ningún bien de factura posterior a 1870 integraría el acervo patrimonial nacional: las expresiones modernas y contemporáneas, independientemente de su calidad, no habrían gozado de protección legal.
La cultura a pesar del Estado
Pero no solo la legislación tuvo un sensible rezago. Durante el siglo pasado, hemos expulsado a creadores y referentes culturales.
Hoy no los excluimos en forma tan directa; los desgastamos. Los obligamos a largos y penosos itinerarios (SNC, FONDEC, Cabildo, …) en la búsqueda de apoyo para cualquiera de las fases de la creación y producción cultural. El Estado se las ingenia para impedir que los artistas, creativos y gestores culturales se aboquen a cultivar y expresar sus talentos; al contrario, los empuja hacia otras actividades.
En muchos casos, la producción artística y la gestión cultural son un complemento del trabajo principal. O, como ha venido sucediendo con centenares de miles de compatriotas, alimentan el flujo migratorio. En el siglo pasado, fueron la indiferencia, la violencia política y las medidas represivas de los gobiernos de turno las que los obligaron a abandonar el país. En lo que va este, son los múltiples obstáculos que combinan la escasez de recursos presupuestarios para la activación y promoción de procesos culturales (a nivel nacional, departamental y municipal) con la ineficacia, superficialidad y mediocridad de la gestión pública.
A pesar de tantos y constantes obstáculos, los artistas y creadores nacionales siguen sumando premios y reconocimientos en el exterior. Se destacan en la música, las artes visuales, el cine, la literatura, la crítica, la curadoría en exposiciones internacionales.
Estos logros no impactaron positivamente en las políticas culturales.
Al contrario, hoy se cierne la amenaza de un importante retroceso institucional, que borrará de un plumazo las conquistas obtenidas en décadas de lucha para que el Estado nacional consagrara los derechos culturales como derechos humanos y asumiera los deberes en la materia, enumerados en el artículo 1º de la ley que crea la SNC, autoridad encargada de fomentar el desarrollo de los procesos culturales, preservar los bienes culturales y proteger los derechos de las personas e instituciones dedicadas a tales actividades.
El cangrejo: la mascota de los proyectistas
De la mano de los senadores Arnaldo Samaniego (ANR) y Ever Villalba (PLRA), se prepara la eliminación de la SNC y su conversión en un Viceministerio del proyectado Ministerio de Turismo y Cultura (MITUC).
Semejante propuesta supera el alcance del término “retroceso”. No estamos volviendo a las dos últimas décadas del siglo pasado e inicios de este, cuando las políticas culturales eran gestionadas por el Viceministerio de Cultura del antiguo MEC (Ministerio de Educación y Cultura), cuyas competencias se veían restringidas por la absoluta prevalencia política, presupuestaria y simbólica de la educación con respecto a la cultura.
Este proyecto es peor, porque subordina la cultura a las demandas de un sector basado en el comercio y los servicios afines, reduciéndola a mero producto turístico, volviéndola vasalla de la lógica economicista, como ha ocurrido en aquellas ciudades, cuyos valores patrimoniales históricos, arquitectónicos, urbanísticos, gastronómicos e intangibles fueron víctimas de la “turistificación”
Este fenómeno, extendido a la escala global, altera las dinámicas sociales, económicas y espaciales, con consecuencias nocivas para los residentes, inducidos a desplazarse ante el aumento del costo de vida, o para aprovechar la oportunidad de ofrecer sus residencias en la plataforma de Airbnb. Conduce a la homogeneización de la oferta comercial (ventas de souvenirs, bares, restaurantes), a la transformación de los barrios tradicionales en zonas exclusivamente orientadas al turismo y a la pérdida de las identidades locales.
Para muestra, hay varios botones
Venecia, Barcelona, Praga, Ciudad de Panamá están entre las “víctimas del éxito turístico”.
El Centro histórico de Venecia (el conjunto de 118 islas, unidas por más de 400 puentes) perdió el 60% de los residentes. El deterioro de la infraestructura urbana obligó al cobro de una tarifa de acceso para limitar el número diario de turistas. Es un caso ejemplificador de un área urbana – reconocida por su vitalidad, identidad y resiliencia – convertida hoy en un museo a cielo abierto, congelada en el tiempo.
En barrios tradicionales de Barcelona – Gótico, Raval, Barceloneta –, el aumento del precio de los alquileres desplazó a la población local; quebraron numerosos emprendimientos locales, suplantados por comercios y servicios para turistas.
El Centro histórico de Praga se transformó en un parque temático, con muy pocos residentes y muchas tiendas de souvenirs. El de Ciudad de Panamá experimentó un proceso de gentrificación, debido al aumento del costo de vida y el desplazamiento de los residentes que no pueden sostenerlo.
Annus horribilis
¿Qué indujo a los senadores Samaniego y Villalba, de dos partidos mayoritarios, a plantear un proyecto de ley que riñe con los criterios básicos establecidos en la legislación que protege el patrimonio y promueve el apoyo al ciclo de la creación cultural?
¿En cuales estudios y análisis basan el proyecto? ¿Están disponibles los antecedentes, las evaluaciones y las proyecciones de la fusión de las dos Secretarías Nacionales? ¿Cuáles actores sociales, económicos y políticos impulsan esta hibridación? ¿Cuál será el impacto cultural, social, patrimonial y urbanístico de la Ley?
La indeseable aprobación de este proyecto de ley calificará al 2025 como annus horribilis para la cultura y el patrimonio cultural nacional. Será recordado como aquél en el cual la SNC fue degradada a escudera del Don Quijote turístico.
Mabel Causarano
17.03.2025
