El inicio de los eventos que marcaron un rumbo en la política internacional fue, sin lugar a dudas, el famoso caso de Watergate de 1972–1974, que involucró al expresidente Richard Nixon. Este escándalo comenzó el 17 de junio de 1972, cuando se produjo un allanamiento en la sede del Comité Nacional Demócrata en el complejo Watergate en Washington D.C., y terminó con la renuncia de Nixon el 9 de agosto de 1974 debido a las irregularidades, el encubrimiento y el espionaje político que se revelaron durante la investigación. Encyclopedia Britannica+1
Para esa época, y principalmente para el sistema de gobernanza de los Estados Unidos —caracterizado por un gobierno democrático y estable— este escándalo fue un duro golpe para el mecanismo de su política interna. El caso de Watergate aún perdura en el tiempo como sinónimo de corrupción y de atentado contra la seguridad del Estado. En países más organizados y desarrollados, pocos escándalos de esta naturaleza logran pasar el filtro institucional cuando se detectan problemas graves en la seguridad interna del gobierno.
En Japón, por ejemplo, fieles a su tradición milenaria, se recurre al haraquiri para no dejar rastros y evitar la vergüenza ante familiares y amigos cuando ocurre una falta grave.
Con este breve preámbulo, pasemos al contexto político paraguayo. Recientemente se difundió una grave información según la cual algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habrían tenido una reunión secreta. Tras la publicación en medios de prensa y redes sociales, los involucrados admitieron que efectivamente se llevó a cabo dicho encuentro. Lo que llamó la atención fue la verificación y validación de que no todos lograron la “invitación de oro” para asistir a esa reunión.
Un ministro intentó justificar esta reunión, diciendo que por fue cuestiones “administrativas”, pero a espaldas del pueblo —se asume o se supone— que Paraguay es una república con base fundamental en la división de poderes; es decir, los distintos poderes del Estado son independientes. Por este simple hecho, no se puede entender ni justificar que el Poder Ejecutivo estuviera invitado a dicha reunión, y más aún si se menciona al presidente del partido oficialista, quien supuestamente también estuvo presente, aunque esto aún no ha sido confirmado oficialmente.
Bajo esa consideración, es imperativo que la CSJ adopte una postura patriótica y se distancie de actores oficialistas que intentan llevar el rumbo de la República a su antojo y beneficiar solo a unos pocos, quizás incluso a sus propios intereses personales y económicos. La respuesta que dio el ministro fue trivial y, según juristas, una falta de seriedad para quienes esperan un comportamiento decoroso de las instituciones.
Esto recuerda, aunque de forma irónica, un chiste según el cual al exdictador Alfredo Stroessner le habrían pinchado el teléfono, pero él lo tomó como una broma de sus allegados y no pasó nada.
Da mucha pena tener que recibir noticias de que dos poderes del Estado se confabulan para obstaculizar el desarrollo del país y que, peor aún, esto pueda empujar al país hacia una especie de “neodictadura”. Se espera que la CSJ pueda superar este grave error y trabajar para recuperar la confianza del pueblo. De no ser así, deberían considerar renunciar a sus cargos y dedicarse a otras actividades en el sector privado, quizás con el patrón que «da» mucho trabajo, donde quizás puedan estar mucho mejor.
