Legisladores de diversos sectores de la oposición criticaron duramente el plan de «economía de guerra» anunciado por el Poder Ejecutivo, calificándolo como una medida que afecta principalmente a los programas sociales.
Durante la sesión ordinaria del día de hoy, los parlamentarios cuestionaron que los ajustes presupuestarios se enfoquen en áreas sensibles como la asistencia a adultos mayores y la salud, en lugar de eliminar los gastos innecesarios del Estado. De este modo, la Cámara Alta se convirtió en el escenario de un intenso debate sobre la calidad del gasto público y la necesidad de una reforma administrativa real.
Al respecto, la senadora Celeste Amarilla fue una de las voces más críticas al señalar que la austeridad debe empezar por los privilegios de la clase política y no por los subsidios básicos. Lo anterior implica que el discurso oficial de optimización de recursos resulta contradictorio cuando se mantienen estructuras clientelares y gastos en consultorías que no rinden frutos tangibles para el contribuyente.
Bajo este escenario, diversos analistas económicos advierten que una ralentización en la inclusión de nuevos beneficiarios a la pensión alimentaria podría agravar la vulnerabilidad de la tercera edad. En consecuencia, la oposición solicita un informe detallado sobre los rubros específicos que sufrirán los mayores «tijerazos» dentro del Presupuesto General de la Nación.
El debate puso en evidencia la falta de consenso interno sobre cómo reestructurar el sistema de contrataciones públicas para evitar la sobrefacturación en la compra de insumos estatales. De este modo, los sectores disidentes proponen que la reorganización administrativa pase por una transparencia absoluta en las licitaciones de las carteras de Obras Públicas y Salud.
