Gianina García Troche, pareja del prófugo uruguayo Sebastián Marset, habría enviado mensajes amenazantes dirigidos a los efectivos que custodian su reclusión en el penal militar de Viñas Cué. Las autoridades de seguridad interna elevaron el nivel de alerta máxima tras detectarse comunicaciones donde la mujer advertía sobre represalias directas contra el personal encargado de su vigilancia.
Estos hechos se dan en medio de un fuerte hermetismo sobre las condiciones de detención de la ciudadana uruguaya. Según informes de inteligencia penitenciaria, las advertencias habrían sido captadas durante los controles rutinarios y en momentos de fricción con los agentes de guardia. La cúpula de seguridad no subestima estas comunicaciones, considerando el enorme poder logístico y el historial violento que rodea a la estructura criminal liderada por su esposo.
Ante esta situación, se ha dispuesto un relevo preventivo de algunos efectivos y un monitoreo constante del entorno inmediato de la procesada para evitar cualquier intento de atentado o rescate.El Ministerio de Justicia, en coordinación con la Comandancia de la Policía Nacional, ha iniciado una auditoría interna para determinar cómo se filtran o se generan este tipo de mensajes intimidatorios, desde el interior del recinto.
Las autoridades sospechan que García Troche intenta desestabilizar el régimen de máxima seguridad al que está sometida mediante el amedrentamiento psicológico a los uniformados. «No vamos a retroceder ni un milímetro ante las presiones de personas vinculadas al crimen organizado», afirmaron fuentes cercanas al Ministerio.
Por último, se informó que la seguridad de los familiares de los agentes mencionados también está siendo evaluada, activando protocolos de protección especial en zonas residenciales. El caso de Gianina García Troche sigue siendo una prioridad para el Gobierno, que busca evitar a toda costa que su presencia en territorio nacional se convierta en un foco de violencia. Se espera que la fiscalía tome intervención directa para abrir una nueva causa penal por amenazas y obstrucción a la labor de los agentes del Estado.
