El Paraguay, en su pulcra Constitución, proclama en su Artículo 46 que “todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos” y que el Estado debe remover los obstáculos para igualar las oportunidades. Sin embargo, en la práctica, esa promesa es un espejismo. Lejos del ostentoso papel blanco de las letras rimbombantes, nos vemos imbuidos en una realidad pragmática: la de la lujuria incontrolable por el poder y su terciopelo de privilegios incrustados en diamantes.
El ciudadano de primera no necesita estudios; apenas puede articular tres palabras juntas, pero el beneficio llega antes que la razón. Mientras tanto, el ciudadano de segunda cuenta con especializaciones en el exterior y es el mejor en el área técnica que el Estado requiere. Allí se hace viva la cruel diferencia. El tiempo del primero no conoce la burocracia, tiene valor inmediato. El de segunda, en cambio, debe saber esperar. Así opera el sistema.
La situación de nuestra República se asemeja a la de un paciente en metástasis social. En los haberes de la representación oficial, las acciones han desertado de las palabras. La igualdad entre ciudadanos —ese principio universal nacido en la Revolución Francesa que nuestra Carta Magna pretende blindar— es hoy solo el letargo lejano de una ética muerta y una inmoralidad impávida.
El Estado y sus instituciones hacen acepción de personas. Los de primera clase viven despojados de moral; la tienen anestesiada, como la gangrena en la pierna de un hombre fusilado. El ciudadano de segunda es fruto del sudor y de una meritocracia inexistente. Es postergado por los «obesos obtusos» sin sentido del deber, aquellos con las arterias fundidas por la rutina de comer y sentarse mientras lanzan migas a la calle.
Esta desigualdad es notoria y la muerte institucional parece inminente. Estamos en una situación crítica y, aun así, nos cuesta dar el paso necesario para hacer escuchar nuestra voz ante quienes se deben al pueblo.
Hoy el ejemplo son las viviendas sociales, destinadas al acceso de familias y no al lucro, donde trámites de seis años se resuelven en seis horas. Otras veces son puestos de confianza que usurpan el lugar de quien se preparó una vida entera para ejercer. ¿Es esto un sueño o el insomnio de un hombre que ya no logra descansar?
Los ociosos del pensar dirán que la queja es solo eso. Pero para quien decidió no callar más y gritar por los que no tienen voz, la queja siempre será un acto de revolución necesaria. No es utopía ni sofismo de parlantería barata. La queja es acción, es nuestro derecho y es memoria.
Es una memoria que permanecerá mientras la sed de justicia busque la igualdad ante la ley. Porque, al final, el verdadero pobre es aquel que, en medio del despilfarro público, es incapaz de ver más allá de su propio ombligo.
