Lo que ha marcado la semana, además de los recurrentes escándalos políticos, fue el robo a dos familias que debían haber recibido una importante suma en concepto de indemnización por parte de la ANDE, debido a que dos funcionarios de esa compañía eléctrica fallecieron en un accidente de trabajo.
Con virulencia, la sociedad ha manifestado su repudio ante este hecho deleznable, que tuvo como protagonista a una funcionaria del Congreso ligada a cierto movimiento político. El tema es bastante complejo desde el punto de vista jurídico, y ya no se entiende cómo se desenlazará esta historia. Para frenar la bola de nieve que se estaba formando en un clima de 40 grados de calor, apareció una suma de 600 millones de guaraníes para devolver el dinero supuestamente birlado, extraviado o desviado por «error» humano en el procedimiento.
Lo que se aprende de esta historia es cómo realmente funcionan las instituciones que deben velar por el buen funcionamiento de las mismas, para que la ciudadanía se beneficie de ellas, es decir, totalmente fuera de control.
¿Cómo instituciones como la ANDE o el BNF pueden caer en tanto descrédito ante la sociedad, que ya está harta de tanto descalabro organizacional en el país?
Lo peligroso de todo esto es que nuevamente el sistema jurídico está en el ojo de la tormenta, pues la desprolijidad involucró a algunos profesionales del derecho, y el Ministerio Público tuvo que iniciar rápidamente algunas acciones para «limpiar el gallinero». Pero aún quedan muchas interrogantes en el proceso de efectivización de tan millonaria suma. Lo peor es que, aunque se habla del regreso de ese monto millonario, que prácticamente apareció de la nada, sin saber de dónde provino el dinero. También circula en los medios que la suma ya fue transferida a las cuentas de las familias, aunque al principio se había dicho que no tenían cuentas, y otros detalles que no coinciden con la historia revelada por los medios de prensa y amplificada en redes sociales y medios digitales.
No es la primera vez que ocurren casos deleznables, engorrosos y patéticos, que ponen en jaque el buen funcionamiento de los poderes del Estado. Este caso se suma a la larga lista de evidencias del mal funcionamiento del Estado.
A estas alturas de la evolución de las democracias en el mundo, o en su defecto, en la involución en algunos países, es inconcebible que se retomen prácticas nefastas que se gestaron durante los 35 años de dictadura, en las que solo quienes eran consecuentes con el dictador se beneficiaban. Por cosas extrañas de la vida, aún existen familias que se han vuelto multimillonarias a costa de estas prácticas antidemocráticas, que durante años de robo sistemático dejaron al país con un nivel de educación paupérrimo, una economía informal y los valores ciudadanos destruidos, a tal punto que hoy en día los jóvenes aspiran a solucionar sus finanzas personales mediante estrategias corruptas, amparadas por un sistema igualmente corrupto, incrustado en los poderes del Estado, bajo la excusa de que «somos mayoría y hacemos lo que queremos; si no están de acuerdo, ganen las elecciones».
Por otro lado, estos señores que fungen de legisladores solo se burlan del pueblo, legislando leyes impopulares que afectan el desarrollo de la nación. No hace falta repetir la cantidad de leyes inapropiadas que se han legislado hasta ahora, porque no tendría sentido, ya que sería una especie de revictimización del pueblo, que se encuentra huérfano ante estos atropellos de los actuales legisladores.
Se espera que el próximo gobierno, ojalá uno realmente democrático, pueda revocar todas las leyes impopulares que ralentizan el desarrollo de la nación, y que, una vez establecida la justicia, se pueda velar por el cumplimiento de las leyes con el fin de fortalecer la libertad, lograda con el sacrificio de muchos soldados que murieron en el golpe de Estado que trajo la democracia al país.
