El Consejo Nacional de Defensa (CODENA) oficializó hoy que las Fuerzas Armadas podrán operar en cualquier punto del territorio nacional sin restricciones departamentales. Esta medida busca dotar de mayor flexibilidad a la Fuerza de Tarea Conjunta ante el avance del crimen organizado. El decreto responde directamente a la inseguridad creciente en zonas anteriormente consideradas fuera de peligro.
La decisión del Ejecutivo representa un cambio radical en la doctrina de seguridad interna que se venía aplicando en la última década en el país. Anteriormente, el despliegue de unidades de combate militar estaba limitado legalmente a los departamentos del norte, donde opera el grupo criminal EPP. Con esta nueva normativa, las fuerzas militares tienen luz verde para intervenir en cualquier zona de conflicto donde la capacidad policial se vea ampliamente superada por grupos armados.
El detonante principal de esta medida fue el reciente secuestro del joven colono Almir de Brum en la zona fronteriza de Caaguazú y Canindeyú. Este hecho dejó en evidencia que las bandas criminales se han desplazado hacia el este y el sur, aprovechando la falta de presencia militar efectiva en esas regiones estratégicas. El gobierno argumenta que el crimen organizado ya no respeta fronteras internas y, por ende, la respuesta del Estado paraguayo debe ser igual de dinámica y móvil.
Desde el ámbito político, la medida ha generado opiniones divididas sobre el rol de los militares en la seguridad pública urbana y rural. Mientras que los gremios de la producción celebran la mayor presencia estatal en el campo, algunos sectores de derechos humanos advierten sobre posibles riesgos constitucionales. Sin embargo, el CODENA sostiene que la seguridad nacional está bajo amenaza directa por el narcotráfico y que las Fuerzas Armadas son un recurso necesario para recuperar el control territorial perdido.
El despliegue operativo comenzará de forma inmediata en puntos críticos identificados por la inteligencia militar, priorizando las rutas logísticas del tráfico de armas y drogas. Se espera que en los próximos días se vean patrullas conjuntas en departamentos como Alto Paraná e Itapúa, donde la violencia ha repuntado significativamente. El desafío para las autoridades será coordinar estas acciones con la Policía Nacional para evitar conflictos de mando y garantizar que los procedimientos respeten siempre las garantías ciudadanas.
