La semana ha estado marcada por una fuerte agitación a raíz de la irrupción de un personaje que se autoproclama intelectual y presume haber estudiado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en La Sorbona de París, Francia. Este “intelectual”, el Dr. José Paredes Penayo, desató una auténtica bola de nieve con sus interpretaciones de la historia contemporánea reciente del Paraguay, al referirse de manera temeraria y provocadora a la dictadura de Alfredo Stroessner.
En sucesivas apariciones en distintos medios, no solo sostuvo sino que reafirmó un discurso abiertamente subjetivo y peligrosamente revisionista, llegando al extremo de afirmar que el gobierno de Stroessner no fue una dictadura, sino un régimen constitucional. En líneas generales, defendió a capa y espada sus supuestos argumentos académicos, coronando su exposición con una declaración soberbia: no se retractará ni pedirá perdón por sus declaraciones.
Lo que terminó de encender el debate fue la comparación que realizó entre dos gobiernos hegemónicos en la sangrienta historia político-institucional del Paraguay: el gobierno liberal y el régimen dictatorial stronista. Esta es, sin dudas, la verdadera “milanesa” del asunto, ya que afirmó, con respaldos débiles, que durante el gobierno liberal se registraron más muertes que durante los años de la dictadura de Stroessner.
La incursión de este profesional habría pasado sin pena ni gloria si se tratara de un don nadie, un improvisado más de las redes sociales. Sin embargo, el escándalo cobró otra dimensión al tratarse del hijo de uno de los vástagos del expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, quien, fiel a su estilo “apatukador”, reaccionó en medios de prensa con la ya conocida frase: “Qué carajo. Qué tiene que ver que él sea mi hijo”. A esta altura, el contexto de la historia ya ha sido ampliamente internalizado por la sociedad, aunque no necesariamente validado ni aceptado bajo sus premisas de valoración.
La prensa jugó un rol central en esta discusión. Prácticamente todos los medios —especialmente los tradicionales—, así como los digitales independientes y las redes sociales, estuvieron atentos a las declaraciones del aludido profesional. Este medio no fue ajeno a la polémica y también se hizo eco del tema.
Lo verdaderamente grave de este episodio es que el protagonista no es un actor marginal. Ocupa actualmente un cargo de enorme relevancia y sensibilidad institucional: es nada menos que el presidente de la ANEAES, organismo rector de la calidad de la educación universitaria, encargado de evaluar y certificar si las universidades están académicamente habilitadas para formar profesionales al servicio del desarrollo del país.
Ante este escenario, el Partido Liberal solicitó formalmente su renuncia. La respuesta del aludido fue tajante: no renunciará, y además cuestionó con qué autoridad el Partido Liberal exige su alejamiento del cargo que hoy ostenta. En esa misma línea de silencio cómplice, el Ministerio de Educación y Ciencias aún no se ha pronunciado, dejando un vacío preocupante y una densa neblina de incertidumbre. El presidente de la República, por su parte, tampoco ha fijado postura, confirmando una vez más su habitual tendencia a la evasión y al silencio cuando el país exige definiciones.
Diversas entidades se pronunciaron para repudiar las declaraciones del sociólogo convertido en figura mediática. En redes sociales, víctimas de la dictadura y familiares de represaliados alzaron su voz, reabriendo heridas que jamás cerraron. El dolor de padres, madres, hijos y familiares vuelve a emerger, recordando los 35 años de dictadura que el pueblo paraguayo sufrió y que ningún revisionismo oportunista podrá borrar.
