Este lunes se inauguró oficialmente la etapa de fiscalización de los dispositivos electrónicos de sufragio y el periodo de ajustes en el padrón nacional. Las autoridades buscan asegurar que la infraestructura y los sistemas digitales funcionen sin fallos durante la jornada de votación.
El proceso de verificación técnica inició con una auditoría profunda sobre los componentes físicos y los programas informáticos de las urnas electrónicas. Esta tarea es coordinada por el departamento de tecnología, contando con la vigilancia constante de apoderados técnicos de los partidos políticos. El propósito central es blindar la transparencia y fortalecer la confianza de la ciudadanía en los resultados que arrojen las máquinas.
Simultáneamente, diversos equipos de logística han comenzado a desplazarse por todo el territorio nacional para evaluar las condiciones de los locales de votación. Se realizan pruebas de conectividad digital y estudios de georreferenciación para optimizar el acceso a las sedes donde se depositarán los votos. Estas inspecciones de infraestructura se extenderán durante las próximas dos semanas para garantizar que cada centro cumpla con los requisitos.
En el ámbito administrativo, los juzgados electorales de cada zona han empezado a recibir la documentación necesaria para gestionar las solicitudes de los votantes. Los encargados de los centros cívicos deben remitir formalmente los reportes de novedades ocurridas en las inscripciones de sus respectivas áreas. Este movimiento busca dar cumplimiento estricto a la normativa legal vigente que rige la conformación del Registro Cívico Permanente.
Por otra parte, se ha fijado un plazo específico durante este mes de febrero para que la justicia resuelva cualquier impugnación contra las inscripciones. Los jueces competentes analizarán cada caso particular según lo estipulado en la ley electoral para depurar posibles errores o inconsistencias detectadas por los ciudadanos. Este periodo de saneamiento del padrón es fundamental para evitar fraudes y asegurar que solo las personas habilitadas voten.
Finalmente, todas estas actividades coordinadas representan el cimiento sobre el cual se edificará la legitimidad de las autoridades que serán electas en el futuro. El fortalecimiento institucional y operativo permite que el sistema electoral paraguayo se mantenga actualizado frente a los desafíos modernos de la democracia. Con estas acciones, el país se prepara para un ejercicio democrático seguro, moderno y plenamente fiscalizado por los actores sociales.
