Un desatinado e insensato abogado, que ejerce como presidente del Colegio de Abogados de Asunción, lanzó una propuesta absurda, peligrosa y parcialista hace unos días, que decía que para «mejorar» el sistema de administración de justicia es necesario reformar el capítulo constitucional del Poder Judicial (especialmente el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados).
¿Con esta peregrina idea pretende resolver la mafia y el arbitrio del crimen organizado dentro del sistema de administración de justicia, y acabar con los jueces y juezas mercenarios y con la fiscalía arrodillada al poder político de turno? En nuestra opinión, este no es el camino correcto. Mientras los miembros del Congreso Nacional sean solventados con dinero sucio y mal habido, los representantes de ambas cámaras en el Consejo y en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados continuarán con el sistema de aprietes y extorsiones a los jueces, fiscales y defensores públicos.
Hay que señalar que hace mucho tiempo, en el Consejo de la Magistratura, que es el sitio donde comienza la selección de abogados y abogadas para integrar el poder judicial y la fiscalía, y donde se inicia el circuito oficial de padrinazgo político para formar parte del sistema de administración de justicia, amparados por sus protectores de diversa índole, incluidos los narcopolíticos, lo que se traduce en la compra de voluntades de los postulantes y su total sometimiento y nula independencia en el ejercicio del cargo posteriormente. La Corte Suprema de Justicia, luego, nombra a los previamente seleccionados para cumplir funciones dentro del sistema de justicia de la República del Paraguay, designando llamativamente a jueces, juezas y fiscales incapaces, amorales e insolventes jurídicamente, dependientes y arrodillados al sistema delictual que dirige el sistema judicial y fiscal hace años, ante la pasividad contemplativa de la ciudadanía.
Los últimos hechos revelados en los chats del difunto Lalo confirman todo lo anteriormente escrito.
Nuestra justicia está infectada de corrupción; necesitamos un cambio estructural urgente, que significa gente nueva, sin mochilas de deudas políticas, hombres y mujeres valientes y comprometidos con el sistema republicano y democrático, que quieran cambiar verdaderamente el sistema judicial. Hombres y mujeres patriotas que lleven adelante la transformación que requiere nuestra sociedad. Mientras tengamos esta caterva de ignorantes y rufianes ocupando cargos públicos, el cambio será imposible. Quizás con el voto en 2028, diferente y responsable, podamos empezar a movilizar las estructuras de la mafia.
Lo que sí estamos seguros es que, con la parcialista propuesta del cartismo de pretender reformar el capítulo inherente al Poder Judicial, se establecerá un régimen de sumisión absoluto a los poderes fácticos, y la Constitución Nacional estará al servicio de los hampones por imperio de la ley. Nuestra obligación como servidores de justicia es levantar la voz y advertir a la comunidad jurídica y a la ciudadanía toda de este peligro real.
¡No a la reforma constitucional que establezca la sumisión por ley del Poder Judicial!
