La protesta social es un componente esencial del sistema republicano de gobierno, porque es una manera de expresar disenso y exigir cambios, la protesta social constituye un espacio ciudadano para instalar debates y cuestionar a las autoridades. La protesta social es el elemento visible que indica el nivel de democracia que tiene un país.
La protesta social es el canal de comunicación ciudadano para visibilizar las desigualdades sociales y exigir justicia, entre muchas de sus características y utilidades públicas. Las personas tienen derecho a manifestarse pacíficamente y exigir rendición de cuentas y cambios a las autoridades. La protesta social ciudadana no puede ni debe prohibirse ni mucho menos criminalizarse porque debilita la democracia.
El Estado paraguayo debe respetar, facilitar y proteger el derecho a protestar, que es el derecho ciudadano a manifestarse libremente garantizado en nuestra Constitución Nacional.
A través del uso de la fuerza pública y represión a las personas que se congregaron frente al Congreso Nacional en Asunción, la última semana, para exigir a la Cámara de Senadores el no tratamiento de la reforma de la caja fiscal de los trabajadores del sector público, el gobierno evidenció su total falta de empatía con las necesidades y reclamos de los ciudadanos paraguayos, además de violar el derecho constitucional a la libertad de manifestación y expresión de la voluntad popular.
Quedó expuesto y visibilizado a la opinión pública nacional e internacional, que en el Paraguay se han vuelto a normalizar la opresión y el castigo policial como método “disuasivo” a quienes piensan diferente y levantan su voz de protesta. Se está sembrando nuevamente el temor a expresar opiniones diversas y críticas al gobierno y se están estableciendo los cimientos de una estructura autoritaria y retrógrada en derechos humanos, que socava y hiere gravemente los cimientos de nuestra débil democracia y nuestro tambaleante Estado de derecho.
Los manifestantes pacíficos, lograron su objetivo; el estudio y tratamiento de la reforma fiscal pública, quedó aplazado hasta el día 25 de marzo por la Cámara de Senadores para su mejor estudio y consideración.
Hacemos votos para que la expresión genuina de la voluntad popular a través del derecho a la manifestación y el derecho constitucional de peticionar a las autoridades sea garantizado y que la ciudadanía paraguaya pueda expresar libremente sus reclamos.
El Paraguay es una república libre y soberana; las autoridades no deben olvidar que los miembros del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo son electos por el pueblo. Es el mismo pueblo, quien tiene la capacidad de rebelarse cuando el gobierno no cumple con sus obligaciones constitucionales a través del art. 138, que garantiza el derecho a la resistencia a la opresión.
MARIA TERESA BAEZ VALLS- ABOGADA.
