Según informes internacionales, en la última asamblea de la ONU, el representante de Venezuela despotricó contra Paraguay, acusándolo de ser el país más corrupto de Latinoamérica. Esto representa una bofetada y un balde de agua fría para una república que busca salir adelante y que, a pesar de tres décadas de democracia, ha intentado superar obstáculos, desorganización y otros problemas estructurales, manteniendo la esperanza de un futuro mejor.
Venezuela, que alguna vez fue una democracia ejemplar en Latinoamérica, ahora se encuentra bajo el yugo de un exchofer de colectivos que dirige el país a su antojo. Los representantes de esa nación, cooptada por delincuentes que han robado la alegría de su pueblo, no pueden destacar nada positivo sobre su situación actual. Quizás por eso han decidido desviar su atención hacia Paraguay, con el fin de arrastrarlo a sus mismas aguas turbias.
Más allá de si las declaraciones del gobierno venezolano tocan cuestiones internas de Paraguay —que, desde mi perspectiva, podrían no estar tan alejadas de la realidad política paraguaya—, lo que es evidente es que la diplomacia internacional ha cambiado. En otras épocas, los desafíos y enfrentamientos retóricos se manejaban con esmero y cautela para evitar conflictos internacionales innecesarios. Hoy en día, las acusaciones se lanzan sin tapujos. Se habla con «claridad», dejando poco espacio para la ambigüedad.
Estas intervenciones abruptas y poco diplomáticas deberían ser tomadas en serio por la ONU, que debe actuar para redemocratizarse internamente. Actualmente, esta organización deja mucho que desear, principalmente porque no logra solucionar los conflictos internacionales que amenazan la convivencia global y la estabilidad de las naciones.
La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué hará Paraguay ante las declaraciones del representante de Venezuela? Según las últimas noticias, Paraguay está haciendo esfuerzos para restaurar sus relaciones diplomáticas con la nación petrolera, a pesar de una deuda pendiente relacionada con el suministro de combustible.
En cuanto al Ejecutivo, el presidente Santiago Peña debe actuar con firmeza y mostrar su capacidad como estadista para responder a estas acusaciones. En Paraguay, hay personas honestas que luchan por insertar al país en un grupo de naciones dignas, como aquellas que han superado el atraso, la corrupción y otros males que afectan al ser humano y frenan su desarrollo.
No es la primera vez que Paraguay es objeto de ataques en foros internacionales. El expresidente uruguayo José Mujica, exguerrillero tupamaro, también lanzó acusaciones similares, refiriéndose a Paraguay como un «narco-colorado». Esa frase sacudió a la clase política paraguaya, pero con el paso del tiempo quedó en el olvido. Ahora, estamos nuevamente frente a un escenario similar: el mismo discurso, pero con diferentes actores.
Es sabido que el gobierno de Santiago Peña no ha logrado despegar ni imponer su sello personal, a pesar de contar con el apoyo de todos los poderes del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas. No ha logrado posicionarse como un estadista creíble ante la población. Si Peña utilizara este poder a favor de la ciudadanía en los tres años de mandato que le quedan, Paraguay podría empezar a levantar vuelo, o al menos avanzar, aunque sea en el tren de cercanías que nos conduzca al lago Ypacaraí.
