Lo que se pronosticó, se esperó y se advirtió con mucha antelación: una manifestación del pueblo afectado contra la reforma de la Caja Fiscal podía producirse en cualquier momento. Esto ocurrió el día de ayer, durante el debate sobre las cajas jubilatorias.
En un debate poco profundo y, a la vez, bastante tenso, la aplanadora cartista avanzó con media sanción el proyecto de la reforma de la Caja Fiscal y la no eliminación, pero con modificaciones, de la caja parlamentaria, denominada “vip”.
En general, las reformas no han caído bien entre los sectores afectados, especialmente entre los maestros. Este gremio es históricamente el sostén del Partido Colorado, del gobierno oficialista por más de siete décadas, con la excepción del breve período del gobierno del presidente Lugo.
Lo que debe entenderse es que la reforma de la Caja Fiscal es inminente y que, en principio, resulta oportuna reformarla para el bien de todos los trabajadores del país. En ese sentido, sin duda, puede ser positiva y provechosa. Sin embargo, la forma en que se dieron las cosas estuvo muy lejos de un planteamiento racional y serio. Durante el debate, varios oradores se limitaron a utilizar palabras soeces y descalificaciones, en lugar de responder con argumentos técnicos, ya fueran a favor o en contra.
La reforma de la Caja Fiscal debe ser tratada con mucha seriedad y con un profundo análisis técnico, no de manera apresurada, como se vio ayer en el Congreso durante una plenaria extraordinaria. Incluso, muchos congresistas, posiblemente aún conectados de sus vacaciones, no lograron comprender plenamente los alcances técnicos de la reforma.
Por lo que se visibiliza en el país, existen numerosas cajas paralelas a la Caja Fiscal, entre ellas la controvertida Caja Parlamentaria, que, por cierto, no fue eliminada, sino que solo sufrió un maquillaje leve como “reforma” en su estructura, una cuestión ampliamente discutida por analistas y expertos en temas jubilatorios.
Desde mi percepción, sería útil la centralización de la Caja Fiscal, es decir, que existan únicamente dos tipos de cajas: una estatal y otras privadas, mutuales o del tipo que fueren, funcionando como cajas privadas, tal como abundan hoy en el mercado.
Existen países más ordenados que cuentan con una caja fiscal estatal única o universal, en la cual toda la población aporta y, al final de los años de trabajo, se beneficia de acuerdo con los porcentajes de sus aportes, refiriéndome exclusivamente al sistema de jubilaciones.
El problema, a mi entender, es que en Paraguay —y principalmente en la clase política que controla los estamentos oficiales encargados de las jubilaciones— no existiría la capacidad técnica ni ética suficiente para administrar de manera ordenada y eficiente un caudal tan enorme de capital. En este contexto de imprecisiones, parece que los roles se distorsionan cuando se está al frente de instituciones sensibles como la Caja Fiscal, confundiendo intereses político-partidarios con el verdadero espíritu de una administración honesta del dinero del pueblo.
Esto se puede corroborar con el caso de los fondos del IPS, ya que actualmente existe un banco muy cercano al gobierno oficialista cuyo origen y sustento estarían ligados a fondos provenientes del IPS. Esta es una realidad por la cual el pueblo no quiere ni puede confiar en las autoridades actuales, y principalmente en quienes impulsan las reformas de las cajas jubilatorias.
Sería un acto patriótico que las autoridades actuales puedan dimensionar la importancia esencial y la pertinencia del tema de la jubilación en la nación, ya que de ello depende la posibilidad de contar con una sociedad que tenga asegurada una pensión digna en los últimos años de vida, sin convertirse en una carga para el Estado.
Tal como quedó planteada la supuesta reforma, aún no está claramente definido si técnicamente resulta razonable o no. Eso lo dirán los técnicos y especialistas, principalmente el ministro de Economía y el propio presidente de la República, quienes ostentan credenciales académicas en economía de universidades de élite a nivel mundial. Ese nivel de formación debería reflejarse en decisiones económicas responsables y bien fundamentadas, especialmente en temas que impactan directamente en el bienestar de la población y de la nación.
