El individuo, protagonista principal de su propio destino se constituye en el factor determinante del funcionamiento, los alcances y el futuro de su propia sociedad.
Es decir, una ciudad como tal no es más que un conjunto de acciones y resultados de nuestro propio comportamiento marcado por nuestras costumbres, cultura e identidad. La libertad individual radica en el hecho de que cada uno sea responsable de su porvenir sin ser intervenido por una autoridad moral que genere idéntico control sobre todos por igual. La libertad colectiva solamente es restringida cuando el derecho de uno atenta el de otro, y el producto legítimo del esfuerzo personal se convierte en su propio dominio, inviolable bajo ninguna normativa.
La vida y la propiedad en condiciones de autodeterminación hacen de cada uno su propio universo, intangible, transferible únicamente por lo que a través del derecho corresponde. De esta manera solo la voluntad general en una visión solidaria de bien común justifica la imposición arbitraria de desprender parte de nuestra propiedad en favor del medio en el que vivimos (impuestos). El ciudadano libre y soberano, proveedor de los tributos en forma voluntaria es por tanto el principal protagonista del desarrollo de su propia ciudad, administrada por una institución cuya existencia y funcionamiento se deben al simple mandato de los mismos.
Ahora bien, cuando los excesos autoritarios en las exigencias de impuestos, tasas y otros gravamenes, así como la falta de resultados, el deterioro progresivo, los escándalos de corrupción administrativa y la ausencia de autocriticas, desnaturalizan al ciudadano en su esencia misma, creando una conciencia legítima de rechazo al sistema municipal, a sus autoridades y todo lo que ello representa. Nace la apatía, el resentimiento y la pérdida de identidad e interés hacia lo que es nuestro. El principio libertario tiene como acción fundamental recuperar al ciudadano asunceno en la percepción de su autoestima, colocarlo como protagonista en el desarrollo y progreso de su comunidad. Rompiendo con dogmas equivocados de dependencia absoluta de la autoridad instituida. Muy por el contrario, la misma existe para organizar el desarrollo y bienestar de sus ciudadanos y no lo contrario.
Entender que la participación de la ciudadanía organizada, del sector empresarial y de capitales privados en la oferta de bienes y servicios (transporte público, recolección de basura, mantenimiento de calles, plazas y parques etc) son la mejor receta del progreso. Las alianzas público privadas, los mecanismos de explotación rentables de áreas improductivas (bahía de Asunción, cerro Lambaré, Jardín Botánico, costanera etc) atraerán emprendimientos a futuro. La eliminación de impuestos a las propiedades no productivas; hogares familiares, los cuales pasan a pagar un «canon» diferenciado. Reajustes a las unidades productivas(viviendas de alquiler, comercios, locales comerciales, entidades educativas, fábricas, industrias, shoping, hotelería, plataformas de transporte etc.), darán visos conceptuales de modernización. La supresión de tasas impúdicas, los incentivos fiscales y la reducción de impuestos a patrimonios históricos etc. Fortaleciendo los mecanismos administrativos, jurídicos y contralores por parte del municipio generarán una percepción diferente por parte del ciudadano y de los ojos de afuera.
Entender que la libre competencia en iguales condiciones favorece la inversión y el desarrollo. Que la ciudad la hacemos entre todos y NO precisamente bajo el control arbitrario del ente regulador y el sometimiento sistemático al ciudadano con cargas a sus bolsillos. Y sobre todo exigir un municipio en su mínima expresión funcional y desprender para siempre al municipio de las ambiciones políticas de facciones o partidos que a fuerza de la violencia legítima, instalan su poder convirtiéndolas en entidades operativas fácticas para la corrupción y el retraso.
Dr. Marcelo Galli Romañach