La Cámara de Diputados solicitó formalmente este miércoles al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat la anulación de la entrega de un inmueble al senador Javier Vera Medina. El legislador, conocido popularmente como «Chaqueñito», se encuentra en el centro de una fuerte polémica por haber accedido a un programa de viviendas económicas en la ciudad de Luque.
Sectores de la oposición denuncian un presunto tráfico de influencias, mientras que el oficialismo defiende la legalidad del proceso administrativo realizado por la institución estatal. El conflicto escaló tras las declaraciones del ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, quien ratificó que el senador Javier Vera Medina cumplió con todos los requisitos técnicos exigidos.
Según el secretario de Estado, el programa de Viviendas Económicas no establece un tope salarial máximo, lo que permitió que el legislador fuera sujeto de crédito. La unidad habitacional está valuada en aproximadamente trescientos setenta millones de guaraníes y cuenta con un plan de financiación proyectado a veinte años de plazo. Sin embargo, estas explicaciones no lograron aplacar las críticas de los parlamentarios que cuestionan la ética del procedimiento.
Desde las bancadas de la oposición, el diputado Raúl Benítez calificó la adjudicación como una irregularidad manifiesta y anunció que ya se encuentran reuniendo firmas para interpelar al ministro. El legislador opositor sostiene que el senador Javier Vera Medina utilizó información privilegiada para acceder a un beneficio que debería estar destinado a ciudadanos con menores recursos económicos.
Atendiendo estas controversias mencionadas, llego a la conclusión de que existe un consenso crítico mayoritario en cuanto a la ética del procedimiento. La opinión pública y gran parte de la oposición parlamentaria consideran inaceptable que un legislador con un salario de casi 40 millones de guaraníes acceda a un programa de «Viviendas Económicas» diseñado para personas que no califican a créditos bancarios tradicionales.
