El caso de Hernán Rivas no es un simple descuido administrativo ni un debate sobre formalidades académicas; es un insulto frontal a la inteligencia de la ciudadanía y un ataque directo al corazón de nuestras instituciones. Un hombre bajo sospecha de haber falsificado su título de abogado que ha presidido el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) no es solo una irregularidad, es una aberración ética que despoja de toda autoridad moral al órgano encargado de juzgar a quienes imparten justicia.
¿Con qué cara puede alguien que presuntamente burló los requisitos básicos de formación exigir rectitud a jueces y fiscales? Existe una incompatibilidad absoluta entre el acto de juzgar y el antecedente de la mentira. La justicia paraguaya queda hoy bajo una sombra de sospecha sistémica: si quien lidera el control judicial llegó ahí mediante el engaño, la legitimidad de cada proceso en este país se vuelve una farsa.
Lo más grave, sin embargo, no es solo la carencia individual de idoneidad, sino el blindaje político que lo sostiene. Al usar su mayoría para proteger a un aliado cuestionado, el sector oficialista de la Cámara de Senadores ha convertido al Congreso en un búnker de impunidad. Este «mecanismo de defensa» parlamentario le grita a los miles de estudiantes que se queman las pestañas estudiando que su esfuerzo no vale nada. El mensaje es claro y perverso: en Paraguay, no importa lo que sepas o quién seas moralmente, sino a quién le sos leal.
Esta protección corporativa provoca un debilitamiento institucional que tardaremos décadas en reparar. Hemos permitido que el carné partidario se convierta en una patente de corso para ocupar cargos de alta sensibilidad sin la más mínima preparación técnica ni solvencia ética. Un «abogado» sin formación es un peligro público en una posición de poder, propenso a ser manipulado y a firmar cualquier sentencia dictada desde las sombras.
Ya no bastan las renuncias tardías ni las explicaciones que insultan la lógica. La permanencia de figuras como Rivas, amparadas por el silencio cómplice de sus colegas cartistas, demuestra que nuestras instituciones están secuestradas por la mafia. Necesitamos una reforma urgente que impida que el Legislativo sea el refugio de los mediocres y los deshonestos. Restaurar la idoneidad y el rigor ético no es un pedido de «la oposición», es una necesidad de supervivencia nacional. Si no recuperamos la decencia en la función pública, la seguridad jurídica de Paraguay seguirá siendo, tristemente, una moneda de cambio en manos de los blindados de turno.
La resolución de la Cámara de Apelaciones de Asunción quedará registrada como un episodio negro para la justicia paraguaya. Es una resolución que avergüenza al foro de abogados y humilla a la sociedad en su conjunto, recordándonos que mientras la impunidad encuentre resquicios legales para sostenerse, el Estado de Derecho seguirá siendo una asignatura pendiente en el Paraguay.
Maria Teresa Báez Valls
Abogada.
