Como era de esperarse, originó reacciones favorables y contrarias la reciente iniciativa presidencial para la creación del FONAE – Fondo Nacional del Almuerzo Escolar –, que apunta a concentrar en el Ministerio de Desarrollo Social los fondos administrados por las gobernaciones y las municipalidades. De aprobarse, se habría retirado el 25% de los recursos de FONACIDE que actualmente va destinado a estas.
Para Peña, la aprobación de la ley era urgente; habría sido impulsada por los legisladores del oficialismo, buscando su aprobación durante el receso parlamentario, gracias a una sesión extraordinaria de ambas Cámaras.
A favor y en contra
Entre las reacciones favorables, se señaló que, a partir del 2025, el 100% de los estudiantes de las escuelas públicas y subvencionadas recibiría el almuerzo, que hoy alcanza solo al 18% de los alumnos del 1 al 9 grado: alrededor de 300.000 de los más de 1.100.000. Esta posición se refuerza ante los numerosos casos de malversación de los fondos destinados a los niños, por parte de intendentes y gobernadores.
En setiembre pasado, la Contraloría General de la República entregó al Ministerio Público un informe resultante de las 4.000 auditorías realizadas a ambas esferas estatales, en el cual constan las irregularidades detectadas en el programa del almuerzo escolar. El propio Contralor General admitió el fracaso de la Ley del FONACIDE, ante la mala utilización de los recursos por parte de los gobiernos locales y departamentales. Un crimen que adquiere particular gravedad, considerando que la falta de almuerzo escolar habría sido clave para que 457.000 niños y jóvenes abandonaran las escuelas.
Un caso ilustrativo es el del ex gobernador de Presidente Hayes, Óscar Venancio Núñez, condenado a 11 años de cárcel por formar parte de un esquema millonario de desvíos de fondos públicos, causando un perjuicio al Estado de cerca de 5,7 millones de dólares. Suman casos de exautoridades municipales y departamentales cuyo patrimonio aumentó exponencialmente durante su respectiva gestión.
Por lo tanto, según sus promotores, una administración centralizada disminuiría sensiblemente los focos de malversación (las 263 municipalidades y 17 gobernaciones) de los recursos destinados a un objetivo social prioritario.
Las objeciones a la propuesta señalaron que habría que modificar varias leyes. Entre otras, la del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE), la del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), la del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y otras.
Sobre todo, fueron los líderes políticos y autoridades departamentales quienes manifestaron su desacuerdo, señalando que la centralización de los recursos implicaría un retroceso de la descentralización. Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, señaló que el Ministerio de Educación y Ciencia, “maneja el 75% de los recursos del FONACIDE y sus precios por ración son de G. 15.770. Los municipios manejamos el 25% de los recursos. En CDE se paga G. 9.995 por ración de almuerzo. Y, al final, nosotros somos los que despilfarramos el dinero”.
Una vez más, Peña retrocedió ante la presión política. El llamado “peñismo técnico” no pudo presentar su proyecto, a causa de la oposición del “cartismo regional”, ejercida por los diputados departamentales, gobernadores, intendentes. El ejecutivo haría un nuevo intento, mediante el cambio del mecanismo y la inyección de más dinero.
Ocasión desaprovechada
Con este reciente episodio de la serie dramática Vamos a estar mejor se perdió una ocasión para debatir sobre la descentralización, mandato constitucional que se tradujo en un engendro institucional – la gobernación departamental -, cuyo balance costo/beneficio es negativo, a todas luces. Ni el departamento ni el municipio funcionan como actores territoriales del desarrollo económico y social.
La descentralización es un medio, no un fin. Es un medio para activar las potencialidades y capacidades de las fuerzas vivas locales, promover la equidad y la inclusión, proteger los recursos naturales, históricos y culturales, disminuir las asimetrías territoriales (territorios pujantes frente a territorios deprimidos) y la dependencia de la esfera central del Estado, incrementar la calidad de la infraestructura y de los servicios públicos, mejorar las ventajas competitivas, entre otros objetivos igualmente importantes.
Las gobernaciones y las diputaciones departamentales son hijas de la descentralización. Me pregunto cuál fue la contribución de los diputados por Asunción en favor de una ley de capitalidad, la de los de Central, Alto Paraná, Itapúa y Asunción para impulsar un sistema de gestión metropolitana atendiendo a la incidencia de estos fenómenos en las dinámicas departamentales y capitalinas.
Que dos jóvenes militares hayan muerto ahogados, en Lambaré, por falta de protección y señalización de una calle; que Asunción sea campo de experimentación de proyectos de variado origen e institución gestora, sin coordinación municipal ni evaluación de resultados, que siga perdiendo habitantes y aumentando su población en condiciones de vulnerabilidad física y social; que Itapúa siga siendo el departamento con los municipios más ricos y pujantes junto con los más rezagados en cuanto a necesidades insatisfechas; que Amambay sea campo de operaciones y arreglo de cuentas de las mafias; que San Pedro y Caazapá compitan para encabezar el ranquin del departamento más pobre; que Central se siga urbanizando sin directrices de desarrollo ni normativa de ocupación del suelo, son situaciones que no cambiaron en las más de tres décadas de vigencia de la Constitución de 1992.
Entre los principales resultados de la descentralización puede citarse el fortalecimiento de los clanes y cacicazgos locales, con sus variadas prácticas clientelares, amparadas por la impunidad; la creación de municipios insostenibles; el aumento del funcionariado y del gasto público; la permanencia de la inequidad y exclusión social y de las asimetrías territoriales; el abandono del campo, la migración urbano – rural y la emigración. Se mantienen las diferencias de los indicadores de calidad de vida entre un departamento como San Pedro con respecto a Itapúa y Central y se afianzan las tendencias dominantes en cuanto al deterioro de la educación y los servicios de salud.[1]
Sin embargo, preferimos desviar la mirada, ignorar las dramáticas evidencias y mantener una organización territorial autodestructiva.
*Correo electrónico: mabelcausarano@gmail.com