La última intervención del presidente Peña causó revuelo en las redes y los medios, tras su reunión con varios empresarios del país. En esa ocasión, con un tono paternalista, afirmó que haría todo lo posible por mejorar las condiciones laborales en Paraguay, lo que implica ajustar el código laboral vigente. Sin duda, esta declaración tocó las fibras más sensibles de los paraguayos, ya que la precariedad laboral que impera en el país es desesperante.
Se estima que el 60% de la economía pertenece al sector informal, es decir, a actividades no reguladas. En resumen, la mayor parte de la economía que impulsa al país es informal, lo que genera una serie de problemas, como la evasión fiscal, ya que los trabajadores informales no tributarían. Además, muchas empresas no inscriben a sus empleados en el Instituto de Previsión Social (IPS), incumplen con el pago del salario mínimo legal y enfrentan numerosos desafíos en el ámbito laboral.
Si el presidente se pusiera en los zapatos del ciudadano común, no afirmaría tan alegremente que eliminaría la estabilidad laboral, o al menos eso es lo que se entiende de sus declaraciones. Ante la precariedad laboral y la informalidad económica, mantener un empleo es un desafío enorme para cualquier trabajador. Después de décadas de esfuerzo para lograr la tan ansiada estabilidad laboral, aparece la amenaza del despido, para que el empleador no tenga que mantener al trabajador hasta su jubilación. Este tema, por cierto, forma parte de otra constelación de problemas que aquejan al empleado.
En países más organizados, donde existe cierto grado de justicia social con los impuestos de los ciudadanos, la estabilidad laboral se adquiere tras seis meses, un año o dos años de trabajo, bajo un riguroso control y seguimiento. Sin embargo, esto no significa que el empleado no pueda ser despedido. La gran diferencia es que en esos países existe un seguro contra la pérdida de empleo, que se obtiene tras haber trabajado durante 12 meses, según el país. De esta manera, si el trabajador pierde su empleo, su subsistencia está asegurada durante 15 meses, hasta que consiga un nuevo empleo. Además, no enfrenta este proceso solo, ya que cuenta con el apoyo de organismos estatales que lo orientan en la búsqueda y reinserción laboral.
Desde mi perspectiva, copiar modelos exitosos de otros países es una estrategia saludable, especialmente para lograr la tan ansiada normalización de la economía del país, lo que traería consigo la formalización automática de las condiciones contractuales en el ámbito laboral. Muy al contrario de lo que ha manifestado el presidente, quien alegremente habló de eliminar la estabilidad laboral. Esto genera un miedo generalizado entre los empleados, obreros y cualquier persona que, tras invertir en su formación y desarrollo profesional, busca mejorar su calidad de vida.
En mi opinión, si el presidente aún no cuenta con datos concretos y evidencia, lo mejor sería mantener la boca cerrada. Lo contrario solo generará más desencanto en un país ya golpeado por la incertidumbre. Además, ¿cuáles son las verdaderas intenciones detrás de esta «hermosa» idea?
Veremos, dijo el ciego.