El Poder Ejecutivo ha remitido ayer al Congreso Nacional un proyecto de ley que busca extender la vigencia de la declaración de emergencia hidrológica en las principales vías navegables.
Esta determinación responde al acelerado descenso en los niveles del Río Paraguay, fenómeno que ya comienza a comprometer el calado de las embarcaciones de gran porte en puntos estratégicos. De este modo, la administración central pretende agilizar los recursos destinados a las tareas de dragado para garantizar la continuidad del comercio exterior y el abastecimiento de insumos básicos.
Al respecto, los gremios de armadores y centros de importadores han manifestado su preocupación ante el encarecimiento de los fletes derivado de la navegación fraccionada en los pasos críticos. Lo anterior implica que los costos logísticos adicionales podrían trasladarse de manera inminente al precio final de productos de la canasta básica y combustibles durante el próximo trimestre.
En consecuencia, la celeridad en la aprobación legislativa de esta normativa resulta vital para mitigar el impacto inflacionario que suele acompañar a las crisis de estiaje en el Cono Sur. Por lo tanto, el Ministerio de Obras Públicas ya coordina con las empresas dragadoras un plan de intervención intensiva en las zonas de mayor sedimentación detectadas esta semana.
Simultáneamente, los técnicos de la Administración Nacional de Navegación y Puertos advierten que las proyecciones meteorológicas para abril no son alentadoras en cuanto a regímenes de lluvia en las nacientes del Pantanal. De ahí que la estrategia gubernamental se enfoque en blindar la operatividad de los puertos privados y públicos mediante una inversión de emergencia que trasciende los presupuestos ordinarios de mantenimiento.
