El Consejo de la Magistratura (CM) fue creado por la Constitución Nacional de 1.992, con el noble fin de proponer y elegir a los mejores candidatos para ser parte de la administración de Justicia, desde la propia Corte Suprema de Justicia hasta los juzgados menores, incluyendo tal proceso de selección al Ministerio Público y al Ministerio de la Defensa Pública. Su composición, requisitos, duración, deberes y atribuciones están reglados en los Arts. 262, 263 y 264 de la Carta Magna (CN).
Dice expresamente el Art. 264: “Son deberes y atribuciones del Consejo de la Magistratura: 1) proponer las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, previa selección basada en la idoneidad, con consideración de méritos y aptitudes, y elevarlas a la Cámara de Senadores para que los designe, con acuerdo del Poder Ejecutivo; 2) proponer en ternas a la Corte Suprema de Justicia con igual criterio y selección de examen, los nombres para candidatos para los cargos de miembros de tribunales inferiores, los de los jueces y los de los agentes fiscales” (Sic). Menudos deberes, tremenda responsabilidad en su función.
El Art. 262 CN por su parte, que establece la composición del CM, en su numeral 2 dice que uno de sus integrantes será un representante del Poder Ejecutivo. Si bien es una atribución del Presidente de la República, la ley 296/2014 sin embargo (con rango constitucional) establece en su Art. 2 que los designados durarán tres años en sus funciones y que podrán ser reelectos por un periodo más. Dice más adelante en el Art. 6 que solo podrán ser removidos del cargo por el procedimiento establecido en el Art. 225 de la CN (juicio político).
Referente a ello, tenemos actualmente un caso insólito y único en la historia de la democracia en Paraguay, devenida en 1.989: por simple Decreto del Poder Ejecutivo, violando todas las normas y la propia Constitución, el presidente Peña nombró a Alicia Pucheta como representante del Ejecutivo ante el CM, destituyendo para ello al legítimo representante Alfredo Enrique Kronaweter, cuyo periodo constitucional vencía recién en el año 2026. Juró entonces la señora Pucheta ante el Senado y esa misma tarde fue hasta el Consejo a participar de la sesión, en donde nombraron a varios nuevos magistrados con dudosa reputación. Antes lo hacían mas solapadamente; ahí ya mostraron sus poderosas garras y voraces colmillos los jefes del clan, o más bien, el hombre del quincho.
Empieza así esta historia a la que titulo “el Cártel de la toga”, porque de eso se trata precisamente este artículo; mostrar como se articula, se manipula, se digita, se negocia, se ignora la CN y la ley en el CM para nombrar a funcionarios en la administración de justicia que serán leales, funcionales y serviles a cierto sector político, sin empacho ni vergüenza algunos.
Citada ya Alicia, la de las maravillas (para su jefe y socios de tropelías), se puede seguir con nuestros representantes, los de los abogados pasilleros, los que día a día sufrimos los embates y sinsabores de la práctica judicial. Si bien fueron electos en elecciones que no fueron objetadas, es de público conocimiento que también responden al mismo sector político y prueba de ello es que SIEMPRE votan en el mismo sentido que los otros referentes del designado significativamente corrupto y vinculado con el terrorismo por el gobierno de los E.E.U.U. Fueron claramente apoyados por el presidente de facto, cuya intención fue ubicarlos en el CM y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) precisamente para obtener los votos para nombrar a sus funcionales y serviles y protegerlos cuando son denunciados y generan impunidad para los miembros del clan “honorable”. No nos representan, ninguno de los dos.
Edgar López es afiliado al partido liberal y representa al Senado. Edgar Olmedo está por Diputados. Estos representantes del Congreso Nacional en el CM también son públicamente conocidos como empleados firmes y obedientes al sector político del señor de la Avda. España y Gral. Garay. Integran el copamiento y cooptación del CM por el cartismo y no lo disimulan.
Por su parte, el representante de las universidades nacionales (ingresó como suplente) es también hombre del sistema. Miembro de la seccional colorada de Encarnación desde sus años jóvenes, siempre fue soldado sumiso y disciplinado al servicio del oficialismo colorado. Tampoco se esperaba NADA del hombre, pero igualmente decepciona confirmando su condición de servil; una pena para un hombre de derecho.
Las últimas designaciones de ternas para fiscales adjuntos no nos dejan mentir; es terrible leer en ellas algunos nombres con oscuros antecedentes, que de acceder a los cargos premiados por su conducta “intachable, eficiente y honorable” serán milicianos leales al equipo político que los patrocina para que cumplan su rol, vale decir, impunidad para los amigos, persecución y procesamiento para los enemigos e incluso para ignotos inocentes.
El Cártel de la Toga goza de buena salud, capitaneado por la más veterana del equipo, aunque le cueste bastante expresarse en correcto castellano e incluso para acentuar las palabras, algo básico que debería manejar una ex Ministra de la Corte Suprema de Justicia. Ya tuvimos a un analfabeto funcional con dudoso título profesional antes, pero ese sujeto al menos ya renunció. Se manejan de modo mafioso, con total impunidad y a cara descubierta, al mejor estilo de Pablo Escobar Gaviria que en la serie de Netflix responde al policía que les pide documentos del vehículo y de un arma: “no tenemos”, y ante la pregunta del porqué no los tienen dice: “porque nosotros somos bandidos”. El policía se resigna y le cede el paso.
A esto estamos llegando; a los copadores y cooptadores de instituciones públicas solo les falta reconocer abiertamente que son bandidos, aunque actúan con tal impunidad que ni necesitan confesión. El Cártel está ahí, a la vista de todos y haciendo lo que le place porque tiene la protección del hombre fuerte perseguido que “por eso toma tanto” y por su sector político que los blinda. Nos robaron la seguridad jurídica, nos quitaron la democracia e instalaron su dictadura. La ex Senadora Kattya González es víctima de ello, que aunque sin intervención del Cártel que nos ocupa, lo fue de ese sector político nefasto que nos está destrozando.
*RUBÉN DARÍO PAREDES ESCOBAR
Abogado. Matr. N° 4098. C.I. 1.007.680
