Paraguay necesita una administración de justicia creíble, independiente, honesta y diligente. Es hora de comprender que las dilaciones no benefician; solo excluyen y privan a la ciudadanía de un acceso igualitario a la hora de reclamar justicia.
Es por esta razón que la próxima conformación de la terna para el cargo de Defensor/a General del Ministerio de la Defensa Pública es de primordial importancia.
La conformación de la terna a cargo del Consejo de la Magistratura exige responsabilidad y compromiso social al integrarla, para ser remitida a la Corte Suprema de Justicia para su posterior designación por el pleno de nuestra máxima instancia judicial. El cargo de Defensor/a General exige competencia y solvencia jurídica en varias materias; pero, sobre todo, es de relevante importancia el compromiso y la humanidad para ejercer tan sensible cargo. No debemos olvidar que es a través de la Defensoría Pública donde la ciudadanía vulnerable y carente de recursos acude todos los días a solicitar acceso a la justicia sin costo económico para reclamar sus necesidades y vulneraciones de derechos.
En materia penal, es el Defensor Público de turno quien se encarga de ejercer la representación y defensa legal de la persona que solicita sus servicios y desempeñar a su requerimiento la defensa técnica ante los juzgados y tribunales penales de la República del Paraguay, basando su tarea en el Art. 16 de los derechos procesales constitucionales y concordantes del sistema penal legal paraguayo, adecuando los principios de inocencia, inviolabilidad de la defensa en juicio, independencia e imparcialidad, tratando de llegar siempre a una sentencia ajustada a la ley para su defendido/a.
Es tarea del Ministerio de la Defensa Pública controlar y trabajar para que las desigualdades sociales que tenemos como país no violen los derechos humanos de sus recurrentes en materia penal, civil, administrativa, laboral y derechos de la niñez y adolescencia, así como también garantizar la resolución de conflictos a través de la mediación que lleguen a su conocimiento.
Debe velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional, tratados y convenciones internacionales suscritos por nuestro país en materia de derechos humanos. Necesitamos que se gestione el acceso a la justicia con equidad para toda la ciudadanía indefensa. La administración de justicia que se ejerce a través de la Defensoría Pública debe ser creíble, independiente, honesta y rápida. Es hora de comprender que las dilaciones no benefician; solo excluyen y privan a la ciudadanía de un acceso igualitario a la hora de reclamar justicia.
La demora en el acceso a la justicia acrecienta las desigualdades sociales que tenemos como país; ninguna sociedad puede alcanzar la paz si no tiene justicia. El Estado debe garantizar el acceso de toda persona a la administración de justicia; el retardo dentro de la misma no contribuye a pacificar a un país, por el contrario, lo vuelve frágil para que la violencia plante raíces profundas y que las diferencias y exclusiones sociales aumenten aún más, y por tanto, que en vez de desarrollo, la involución cultural sea el resultado.
Es por todo lo brevemente expuesto que el nombramiento de un abogado/a capaz, honesto y con compromiso social reconocido sea el titular del Ministerio de la Defensa Pública; la ciudadanía carente de recursos económicos y necesitada de pronta resolución de conflictos será la única beneficiaria. Queremos agregar que a la Defensoría Pública no se debe concursar pensando en el rédito económico, sino en el altruismo y el servicio comunitario como medio de hacer el bien y contribuir a la paz social. No es un cargo para indecentes, es un apostolado de magnanimidad para quien sea designado como Defensor/a General.
*María Teresa Báez Valls. Abogada. Ex- Defensora Adjunta en lo penal del Ministerio de la Defensa pública ( 1998/2003).
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