Por Mabel Causarano (*)
Los próximos inquilinos del gobierno acordaron con los actuales un conjunto de modificaciones de la institucionalidad estatal.
La propuesta, que muestra un impactante adelgazamiento del organigrama del Poder Ejecutivo, lleva a preguntarse: ¿estamos ante un nuevo intento de reforma del Estado? En caso afirmativo, ¿se la encara como un mero trámite legislativo o está sostenida por evaluaciones contrastadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2030? ¿Cuándo y con quiénes se conversó para elaborarla?
Reforma del Estado
Es un proceso inducido mediante el cual el Estado reformula sus relaciones con la sociedad, a fin de asegurar su continuidad, de cara a las transformaciones internas y las del contexto internacional, que afectan a la economía, la política, las organizaciones sociales, la cultura, el medio ambiente.
¿Estaríamos ante un proceso político, que rediseña las relaciones de poder o ante un interludio, ejecutado por músicos abdistas y peñistas?
Como no se recibió información sobre los fundamentos ni los criterios orientadores de las propuestas de fusión de las entidades que serán agrupadas, se deja el campo abierto a las dudas, suposiciones e interpretaciones.
Por ejemplo, si la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), se integrara orgánicamente como dependencia del futuro Ministerio de Economía, ¿cuál instancia estatal formularía los planes integrales de desarrollo, que no respondan a un enfoque economicista? La integración de los Ministerios de la Mujer, de la Niñez y la Adolescencia, de las Secretarías de la Juventud y la de los Derechos humanos de las Personas con Discapacidad, ¿responde a una evaluación de las prestaciones y los resultados logrados por estas instituciones? Si, hipotéticamente, estos resultaran bajos, antes de fusionarlos se requeriría una reingeniería institucional impostada en función a las metas a alcanzar.
Admitiendo que estas evaluaciones hayan sido realizadas siguiendo los estándares internacionales, ¿cuáles indicadores señalan que, juntando instituciones, se lograrán mejores resultados en la disminución de la desigualdad, el sistema educativo, la atención a la salud, la tutela ambiental?
A fines del siglo pasado, tuvimos un intento de reforma, aprobada por la Ley N° 1615/00 General de Reorganización y Transformación de Entidades públicas descentralizadas y de Reforma y Modernización de Organismos de la Administración Central, que, en su artículo 1º, autorizó, bajo el concepto de “modernización”, modificar su conformación orgánica y sus funciones, sin alterar su condición de entidad pública ni su naturaleza jurídica. Siempre el mismo artículo define la “transformación” como su conversión en personas jurídicas que se regirán por las normas pertinentes del derecho privado, pudiendo las mismas ser escindidas o fusionadas total o parcialmente.
Aquella fue acompañada por la Ley Nº 1578 /00, que Amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio fiscal 2000, para la Secretaría Nacional de la Reforma del Estado, entidad de la cual poco se supo ni cuándo desapareció.
En abril de 2021, la entonces ministra de la STP anunció que se trabajaba “en proyectos fundamentales para la reforma estructural del Estado, en el marco del Plan Ñapu’a Paraguay” y que, junto con el Ministerio de Hacienda, la institución acompañaba el proyecto de ley de Suministro y Compras Públicas y el de la ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil, remitidos al Congreso Nacional para su estudio.
En América Latina
En la región, los intentos de modernización y reforma aparecen luego de la Segunda Guerra Mundial, impulsados por organismos multilaterales, como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), creado en 1944, hoy conocido como Banco Mundial, y la Alianza para el Progreso, programa propuesto por John F. Kennedy, de ayuda económica, política y social de los Estados Unidos para América Latina (1961 – 1970). La STP es hija de esta iniciativa, que promovió el desarrollo de los países rezagados apuntando básicamente a obras de infraestructura, como la provisión de energía eléctrica, la red vial, los sistemas de riego, las represas.
El Consenso de Washington (1989) impulsó reformas para países en desarrollo castigados por la crisis financiera. El paquete priorizó un modelo de economía abierta, estable y liberalizada, con políticas económicas basadas la reducción del Estado, la expansión de las fuerzas del mercado, la estabilidad macroeconómica, la liberalización económica con respecto al comercio exterior y al interno. Estas medidas se aplicaron de la mano del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
En dictadura y en democracia, bajo la categoría de “modelo de desarrollo”, Latinoamérica pasó por muchos experimentos, con los rótulos de Modernización, Sustitución de importaciones, Ajuste estructural, Desarrollo sostenible; fueron esquemas autodefinidos para el progreso de un pueblo, marco de referencia para las políticas públicas y programa para incentivar la economía del país.
El número de personas en situación de pobreza, el aumento del endeudamiento de varios países, incluido el nuestro, la captura del Estado por grupos económicos y políticos, el debilitamiento de los órganos de planificación, el clientelismo, la corrupción y, en el caso paraguayo, la imbatible impunidad, son consecuencias y causas de la imposición de recetas que eluden la complejidad del desarrollo, limitándolo a la aplicación de medidas lineales y etiquetas de rápida obsolescencia.
La propuesta de fusión es un remix de viejos temas, con algunos atributos que lo hacen más pegadizo: mayor racionalización del gasto presupuestario, menor burocracia, más controles, pero evitando referirse a la reforma del modelo económico vigente. Un modelo que nos dona la mayor concentración de tierras del mundo, cuyo índice de Gini es 0,93, en donde el 90% de la tierra está en manos de 12.000 grandes propietarios, mientras que el restante 10% se reparte entre 280.000 pequeños y medianos productores; elevados índices de deforestación en el Chaco, uno de los peores sistemas educativos, con apenas el 10% de alumnos que supera la prueba PISA y una oferta de salud pública que obliga a recurrir a la solidaridad vecinal y comunitaria para encarar los costos de la atención médica.
A mi entender, de la fusión no puede esperarse más que la continuidad del modelo y sus resultados.
*Correo electrónico: mabelcausarano@gmail.com