El clima de negocios en Paraguay enfrenta una nueva sacudida tras la reciente puesta en vigencia de la Resolución General N° 49/2026 de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
La normativa, que exige a los contribuyentes del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) detallar la composición y destino de sus utilidades y reservas en las Notas a los Estados Financieros, ha sido calificada por gremios empresariales como una «presión fiscal encubierta», en medio de urgentes necesidades de fondos por parte del Tesoro que arrastra deudas vencidas por encima de USD 1.500 millones.
El eje de la discordia: ¿Control o elusión? La DNIT, liderada por Óscar Orué, justifica la medida bajo la sospecha de que muchas empresas mantienen recursos en reservas facultativas (estimadas en unos USD 9.500 millones) para evitar el pago del Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU).
Desde la perspectiva oficial, estas utilidades acumuladas «rayan la elusión», por lo que la nueva resolución busca contrastar la información contable con las declaraciones juradas para detectar distribuciones encubiertas.
Argumentos empresariales
El rechazo de los gremios ha sido frontal, centrándose en tres puntos críticos entre ellos Riesgos de inversión: Empresarios advierten que limitar o presionar sobre las reservas desincentiva la reinversión de utilidades, motor clave del crecimiento económico en el país.
Proyecciones imposibles: La norma exige a los contribuyentes realizar proyecciones sobre la distribución futura de sus reservas. Abogados y analistas sostienen que el Estado no puede obligar a una empresa a prever hoy movimientos que dependen de escenarios de mercado futuros.
Plazos y retroactividad: Existe una fuerte preocupación por la aplicabilidad de la norma a los estados financieros cerrados al 31 de diciembre de 2025, lo que muchos consideran una aplicación con matices retroactivos que genera inseguridad jurídica.
Inseguridad jurídica
El empresariado y sus asesores alertan sobre una posible «ruptura constitucional» si esta resolución se convierte en el paso previo a una ley que fuerce la capitalización o distribución de reservas actualmente exentas.
El “apriete”, en medio de más presiones del Ejecutivo por aumentar recaudaciones para hacer frente a la “economía de guerra”, fue criticado por dos renombrados analistas financieros, Amílcar Ferreira y el exministro de Hacienda, Manuel Ferreira Brusquetti. Ambos profesionales prestan consultorías a renombrados gremios empresariales.
A criterio de Amílcar Ferreira, la medida constituye un exceso por parte del Estado, al considerar que limita la autonomía de los accionistas respecto al destino de sus utilidades.
Agregó que la normativa exige un nivel de detalle inusual en la presentación de las reservas empresariales, incluyendo su clasificación como reservas facultativas o por revalúo así como una estimación de los plazos en los que estas podrían ser distribuidas como utilidades o capitalizadas.
Advirtió que la disposición apunta a generar un “mapeo” exhaustivo del tejido empresarial, con el objetivo de identificar el volumen de reservas acumuladas en las compañías. En ese sentido, criticó el enfoque de la medida al señalar que podría implicar una mayor presión sobre contribuyentes formales.
“Es como salir a cazar en el zoológico”, expresó a la 780 AM , en alusión a que la resolución se concentraría en empresas que ya cumplen con sus obligaciones tributarias. Asimismo, sostuvo que la iniciativa tendría un trasfondo recaudatorio y no descartó que, a futuro, derive en propuestas legislativas orientadas a obligar la distribución de reservas en forma de dividendos.
Desesperación
A su vez, Manuel Ferreira, sostuvo que hay una “desesperación” por parte del Estado para recaudar y generar recursos. “Capitalizar demanda todo un trámite que incluso requiere intervención de escribanía”, afirmó.
LLAMADA: “Lo que se quiere hacer es obligar a una empresa a disponer de su dinero de determinada manera”,
El exministro destacó que las reservas facultativas fortalecen el patrimonio neto, lo cual es positivo para las empresas. “Asumir que la gente esconde supuestos dividendos es algo complejo, y para tratar de probar eso, el Estado podría cometer un abuso de poder que, al final, va en contra de la libertad económica”, concluyó.
Formalización
Desde la consultora Mentu, sugieren ampliar la base contributiva en vez de apretar màs a las empresas que ya operan formalmente.
“Avanzar hacia una mayor formalización económica aparece como una de las estrategias más efectivas para fortalecer las finanzas públicas. Incorporar más trabajadores y empresas al sistema permitiría ampliar la base tributaria, mejorar la sostenibilidad de los sistemas previsionales y generar recursos adicionales de manera más equitativa”, sostienen.
Para ello, es clave implementar políticas que simplifiquen los procesos administrativos, reduzcan los costos regulatorios y faciliten la transición hacia la formalidad. La evidencia internacional muestra que la digitalización, la simplificación tributaria y los incentivos adecuados pueden mejorar significativamente la recaudación.
Además de analizar los ingresos, otro aspecto central del debate fiscal es la calidad del gasto público. En muchos casos, los desafíos fiscales no se explican únicamente por cuánto recauda el Estado, sino también por cómo utiliza esos recursos.
Reunión
DNIT ha anunciado que se reunirá con los gremios empresariales tras la Semana Santa para abordar un proyecto de ley que reglamente definitivamente la utilización de las reservas. Mientras tanto, las empresas paraguayas se preparan para un escenario de mayor escrutinio, donde ya no basta con reportar resultados, sino que se debe justificar qué sucede con cada guaraní acumulado a lo largo del tiempo.
