Superada la media mañana del lunes 3 de febrero próximo pasado, la prensa radial y televisiva daba a conocer un nuevo escándalo con ribetes mayúsculos, extraordinarios: el juez contra el Crimen Organizado Osmar Legal daba a conocer un nuevo esquema de aprietes, extorsión, sobornos, cohechos, tráfico de influencias y asociación criminal que involucraba al extinto Diputado Eulalio “Lalo” Gomes, el también Diputado Orlando Arévalo en su carácter de Miembro titular del Jurado de Enjuiciamiento de magistrados (JEM), agentes fiscales y jueces investigados y procesados por este órgano colegiado y otros altos funcionarios públicos.
Entrevistado por los medios, el juez citado manifestó haber encontrado –en el marco de una pericia realizada al celular del fallecido Diputado Gomes- serios indicios y evidencias de los hechos de corrupción y punibles mencionados, por lo que remitió copia de las actuaciones al Ministerio Público, a efectos que inicie –si así lo cree conveniente- una causa en la que se investiguen tales hechos, que mancha gravemente (una vez más) a la administración de justicia.
Los chats que fueron dados a conocer revelan el trato directo, conversaciones vía whatsapp y llamadas realizadas entre el legislador citado y las agentes fiscales que fueran enjuiciadas por el JEM, señoras STELLA MARY CANO y KATIA UEMURA. De igual modo, muestran como este ex Diputado era el contacto directo entre las funcionarias investigadas y enjuiciadas y su colega Orlando Arévalo, a quien instrumentó para obtener impunidad de las mismas, según las evidencias.
Entrevistada por abc Cardinal, con total desparpajo Uemura reconoció que efectivamente habló con Lalo Gomes, negando haber sobornado a nadie. Dijo que los mensajes son reales y que en ese momento estaba en una situación desesperada por la falta de apoyo político, por lo que recurrió al parlamentario como “padrino” para que le consiga audiencia con miembros del JEM por la investigación a la que estaba siendo sometida por la operación “Pavo Real”, en la que su propio esposo había sido procesado y privado de su libertad. Reconoció haber hecho regalos al Diputado Gomes, negando que sean como pago de favores, sino solo como “gesto simbólico”.
En relación a Stella Mary Cano, los chats de Gomes con esta fiscal dan cuenta de su vinculación con la misma con intención de protegerla ante cualquier eventual sanción. Así, el Diputado organizó una reunión entre la fiscal Cano y Orlando Arévalo en septiembre de 2023, con el fin de blanquearla en su causa ante el JEM. Incluso se menciona sobre pagos y depósitos de dinero como parte del favor. Las tratativas iniciaron el 11 de septiembre de 2023, en la víspera de una sesión del JEM, cuando el ex congresista consultó a Arévalo si la podía atender “un ratito”, lo que fue respondido de forma favorable y le facilitó una dirección para el encuentro (la casa de Arévalo), que se realizaría a las 19:00 hs. Minutos después de esa conversación, Lalo comentó a Stella Mary Cano que concretó la reunión, le indicó la hora y le pasó la ubicación, a lo que la fiscal respondió: “Gracias Diputado! Dios te bendiga y retribuya en abundancia” (Sic).
En otra conversación en torno al mismo asunto, un hombre identificado como Guido Díaz, envía una fotografía al diputado Gomes donde se observa el Orden del día del JEM y está subrayada la causa de Cano, a lo que comenta que ya “está liquidado el pedido del amigo” y ya está en su cuenta (refiriéndose a algún monto de dinero depositado en la cuenta de una persona) y avisa que la doctora (refiriéndose a la señora Cano) está en camino a la casa de Arévalo. Esto permite deducir que esta persona también estaba en conocimiento de la reunión. Luego, el 15 de septiembre de 2023, Díaz le escribió a Gomes para indicarle “ahora falta finiquitar”, en posible referencia a algún pago por la ayuda brindada a la señora Cano de parte del señor Arévalo.
En cuanto a la jueza Sadi López, según los chats revelados entre ésta y Lalo Gomes, se observa que entre los mismos había un intercambio de favores: ella lo ayudaba a “solucionar” algunas causas y el legislador la protegía ante el JEM. En una conversación, Lalo pide por la esposa de un sobrino suyo, a quien Sadi no envió a prisión pese al pedido del fiscal. En otra causa, intercede por una persona que pidió revisión de medida y pide su libertad: “liberale nomás, es amigo” dice Lalo. “Dale, tengo tu apoyo”, responde Sadi. Y hay mucho más entre esta jueza y el “padrino” Gomes.
Ante todo este escándalo, como el legislador involucrado ya no está, no puede ser procesado ni destituido de su cargo. Queda Arévalo, brazo ejecutor de la mafia de aprietes, extorsiones, sobornos y demás hechos punibles. Lo hace desde el JEM y en su rol de “honorable” Diputado Nacional. Con toda la caradurez e impunidad que caracteriza a estos políticos nefastos, Arévalo no renunció aún, sino solo pidió “permiso por tiempo indefinido” a la “presidenta” del JEM, la miembro mau Alicia Pucheta, quien usurpa el cargo de Enrique Kronaweter violando la Constitución.
Está claro que no se puede permitir que estos delincuentes y mafiosos se sigan burlando de la ciudadanía, por lo que de modo alguno se debe consentir se le conceda el “permiso” requerido a Arévalo “interín se aclara el caso” (que está demasiado claro ya); se debe proceder a su destitución y reemplazo como representante de la Cámara de Diputados ante el JEM y seguidamente, iniciar el procedimiento para su pérdida de investidura, por USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS FEHACIENTEMENTE COMPROBADO, como establece el Art. 201 de la Constitución.
Paralelamente, el Ministerio Público debe tomar muy en serio la investigación del caso (alguna vez debe hacerlo) y el Fiscal General del Estado debe instruir y urgir al equipo de fiscales designado (que no genera confianza) a realizar todas las diligencias necesarias para deslindar responsabilidades. Existen al menos CINCO HECHOS PUNIBLES que investigar y son muy graves.
Por otro lado, el esquema de corrupción revelado en estos días da cuenta también que otros miembros del JEM que responden a la línea ideológica del gobierno están seriamente comprometidos en el padrinazgo y salvataje a agentes fiscales que son brazos ejecutores de la mafia, como Stella Mary Cano y Katia Uemura, por lo que deben irse de inmediato, sea por renuncia o por destitución en la forma prevista en la Carta Magna, pero deben salir de motu propio o compulsivamente del órgano colegiado para depurar la administración de justicia, totalmente mancillada con este nuevo escándalo.
Ya se anunció por ejemplo, una denuncia y eventual querella contra cuatro miembros del JEM por parte del ex intendente de la Capital Mario Aníbal Ferreiro, quien fuera víctima de no una, sino de varias causas montadas en su contra por la fiscal Stella Mary Cano para conseguir su salida de la Municipalidad de Asunción, hoy reducto y aguantadero del cartismo con Nenecho Rodríguez a la cabeza, quien debe muchas explicaciones por no rendir cuentas sobre varios millones de dólares que administraba. De hecho, ya está imputado por un caso de compra de detergentes, por lesión de confianza.
Este nuevo caso de corrupción salido a la luz nos muestra la extrema putrefacción a la que ha llegado la administración de justicia en el Paraguay, siendo evidente que las nefastas prácticas del padrinazgo, aprietes y extorsiones siguen campantes, vigentes y gozan de buena salud, no pudiendo permitirse que el caso termine una vez más solo en titulares de prensa grandilocuentes y escandalosos o en arreglos políticos por debajo de algún escritorio. El oscurantismo, la marginalidad y la impunidad deben cortarse de raíz, reemplazándolas por la solvencia técnica, ética y moral de jueces, fiscales y eventualmente, sus juzgadores.
RUBÉN DARÍO PAREDES ESCOBAR
Abogado. Matr. 4098. C.I. 1.007.680.
